EE. UU. sanciona a toda la Corte Penal Internacional

 

Por primera vez, EE. UU. sanciona a la Corte Penal Internacional como institución: sus empresas tendrán que dejar de darle servicio el 7 de abril de 2027. | Infografía: La Crónica del Henares, con datos del Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU. Cartografía: Natural Earth.

Alcalá de Henares, 9 de octubre de 2026

EE. UU. ha sancionado este viernes a la Corte Penal Internacional como institución, no solo a sus jueces. Las empresas estadounidenses tendrán que dejar de darle servicio antes del 7 de abril de 2027, un plazo que Washington ofrece a los 125 Estados miembros para negociar.

Seis meses de cuenta atrás

• El Tesoro bloquea los bienes del tribunal bajo control estadounidense y prohíbe a sus empresas y ciudadanos casi cualquier transacción con él.
• Hasta el 7 de abril de 2027 se permiten sueldos, cuotas de los Estados, alquileres y seguros médicos.
• Sin fecha de caducidad quedan las excepciones de software, telecomunicaciones, pensiones y detenidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a la Corte en su lista de entidades sancionadas al amparo de la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero de 2025. Hasta ahora, esa orden se había usado contra personas: trece jueces y fiscales del tribunal, según la propia Corte, entre ellos su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, sancionada el 18 de agosto.

La decisión llegó horas después de que el comité noruego concediera el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, jurista sudafricana que fue jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte entre 2003 y 2008. El comité justificó el galardón como un respaldo a los tribunales internacionales en un momento en que, a su juicio, sufren ataques políticos.

Qué se prohíbe y qué no

La sanción congela cualquier bien o interés de la Corte que esté en Estados Unidos o en manos de personas o empresas estadounidenses, y les impide hacer negocios con ella. Reuters recuerda el efecto habitual de estas medidas: bancos que cierran cuentas, aseguradoras que cancelan pólizas y tecnológicas que cortan servicios.

El golpe no es inmediato. La licencia general n.º 13 de la OFAC autoriza, hasta las 0.01 (hora de la costa este) del 7 de abril de 2027, las operaciones necesarias para mantener o liquidar contratos con el tribunal: los pagos de los Estados parte, los salarios y la cobertura médica del personal, los alquileres, los suministros, los impuestos y los servicios comerciales rutinarios. Otras tres licencias permiten, sin plazo, las telecomunicaciones y el software empresarial, el pago de pensiones y la custodia de los detenidos.

La Corte llevaba meses preparándose. Según Reuters, ha sustituido programas de Microsoft por alternativas de código abierto y ha buscado nuevos acuerdos bancarios y de seguro médico.

El mensaje de Rubio a los aliados

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó en un comunicado y en un vídeo que el plazo está pensado para que los Estados parte del Estatuto de Roma negocien una salida a las preocupaciones de Washington. Si no lo consiguen, advirtió, Estados Unidos ajustará sus medidas. Y dirigió un recado a los socios que, recordó, dependen del Ejército estadounidense para su defensa: espera que «frenen» a la Corte.

Su frase más dura la recogen Reuters y The Guardian: «O la CPI acaba con sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI».

Washington, que nunca ratificó el Estatuto de Roma, rechaza que el tribunal pueda juzgar a ciudadanos estadounidenses, sean soldados o dirigentes políticos. El choque se agravó con las órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la guerra de Gaza. La Corte también abrió una investigación sobre actuaciones de militares estadounidenses en Afganistán, que hoy considera no prioritaria.

«La historia juzgará este momento»

La Corte, con sede en La Haya (Países Bajos), respondió con un comunicado en el que califica la medida de «sin precedentes» y de intento de obstaculizar la justicia. Su presidenta, Tomoko Akane, aseguró que el tribunal seguirá trabajando con independencia e imparcialidad, solo sobre la base de la ley y las pruebas.

«La Corte no puede sostenerse sola. Su destino ahora también está en manos de los Estados que la crearon».

Comunicado de la Corte Penal Internacional, 9 de octubre de 2026

La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan dijo a Reuters que el trabajo continuará en todas las situaciones, investigaciones y procesos abiertos. El tribunal ha dictado más de 70 órdenes de detención, entre ellas las del presidente ruso, Vladímir Putin, y de dirigentes de Hamás.

Europa, ante su «opción nuclear»

Todos los países de la UE son miembros de la Corte. La Comisión Europea calificó las sanciones de «profundamente lamentables», se declaró dispuesta a tomar las medidas necesarias para que el tribunal siga funcionando y confió en que los seis meses dejen margen al diálogo, según Euronews.

La herramienta en discusión es el estatuto de bloqueo, el reglamento que impide a las empresas europeas acatar sanciones extranjeras con efectos fuera de su territorio. El secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, pidió esta semana a la UE que esté lista para activarlo. El ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, lo llamó la «opción nuclear», aunque su Gobierno ha pedido a Bruselas que lo prepare.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español «deplora» la decisión y reitera su apoyo «inquebrantable» a la Corte, sin anunciar medidas concretas. En mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había pedido a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que dejara sin efecto en la UE las sanciones contra la Corte y contra la relatora de la ONU Francesca Albanese.

En el otro extremo, la oficina de Netanyahu celebró la medida y sostuvo que la Corte es un órgano político.

Una ofensiva que viene de lejos

Trump ya sancionó a responsables de la Corte en su primer mandato, en 2020; Joe Biden levantó esas medidas al año siguiente. Al volver a la Casa Blanca, firmó la nueva orden en febrero de 2025 y, días después, la aplicó al entonces fiscal jefe, Karim Khan. En 2025 siguieron jueces y fiscales adjuntos, y en agosto de 2026, la presidenta.

El 7 de abril, fecha límite

Si los Estados parte no presentan antes una solución que convenza a Washington, a partir del 7 de abril de 2027 las empresas estadounidenses no podrán pagar nóminas, alquileres ni seguros vinculados a la Corte. Antes, la UE tendrá que decidir si activa su estatuto de bloqueo para proteger a las europeas.

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Fuentes consultadas

• Corte Penal Internacional. La CPI rechaza enérgicamente las sanciones estadounidenses contra la institución (9 de octubre de 2026).
• Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC). Licencia general n.º 13 (9 de octubre de 2026), y resumen de las licencias 14 a 16 en Sanctions Drop.
• Departamento de Estado de EE. UU. Imposing Sanctions on the International Criminal Court (9 de octubre de 2026), citado a través de Reuters y Europa Press.
• Reuters (Humeyra Pamuk, Steve Holland y Anthony Deutsch), Europa Press y The Guardian (Ariana Baio), 9 de octubre de 2026.
• Euronews: reacción de la Comisión Europea y de Países Bajos (9 de octubre de 2026) y petición de Pedro Sánchez (6 de mayo de 2026).
• Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, vía Europa Press (9 de octubre de 2026).
• Infobae, sanción a Tomoko Akane (18 de agosto de 2026).